(Eso se llama) Corrupción
por Francisco Domínguez
publicado el 26 de abril 2006 en Radio Huesca Digital
el 29 de abril en El Heraldo de Huesca
La igualdad de oportunidades es uno de los principios de toda democracia: simple ley para la empresa privada, se convierte en seña de identidad para las instituciones públicas.
Uno de los procedimientos para acceder a la función pública es, como todo el mundo sabe, la oposición, donde la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes debe ser, por ley, manifiesta e inviolable. El papel del tribunal evaluador es, por ello mismo, esencial para asegurar que es la igualdad el principio que rige el procedimiento -en lugar de los intereses familiares, personales o políticos.
Para asegurar la imparcialidad de los tribunales de oposición, la ley ha dispuesto una serie de obstáculos, que se traducen directamente en sanciones administrativas en caso de incumplimiento. Así, la LRJAP y PAC dispone que todo funcionario deba abstenerse de participar en un tribunal de oposición cuando exista la más mínima sospecha de relación personal, laboral y de amistad o enemistad con alguno de los aspirantes. Desoír este principio puede conllevar la consideración de falta grave para el funcionario prevaricador -con su cortejo de sanciones.
Pues bien, la oposición para cubrir el puesto de técnico de cultura en el ayuntamiento de Huesca está cargado, hasta límites delictivos, de esta sospecha. Basta con echar un vistazo a la lista de aspirantes y a la de miembros del tribunal para darse cuenta de hasta qué punto es posible establecer relaciones de todo tipo entre unos y otros: compañeros de trabajo y amigos figuran en ambos lados de la barrera, dando al traste, de manera descarada, con la igualdad de oportunidades que debería regir todo procedimiento público.
Alguien dirá que cómo es posible evitar esas relaciones en una ciudad pequeña como Huesca, en la que todo el mundo se conoce. Muy sencillo: trayendo funcionarios de otras latitudes, con los que la sospecha de prevaricación se disipe del todo. Pero no: es mejor asegurarse el éxito de los amiguetes, compinches o compañeros políticos mediante la constitución interesada del tribunal: hay que devolver favores o crear fidelidades. Y eso se llama corrupción.
Lo malo de todo esto es que nuestras instituciones nos han acostumbrado de tal manera a estas prácticas que casi tendemos a tomarlas por habituales; y ya se sabe que la normalidad conduce a la aceptación. Nadie las denuncia por temor a verse descabalgado de un procedimiento en el que, como opositor, tanto se juega un aspirante. Pero estamos hablando de un delito en el que, más que un ciudadano de a pie, debería tomar cartas algún juez o fiscal responsable.
Cuánto más segura se sentiría la ciudadanía de la imparcialidad de sus instituciones si la justicia actuase continuada y debidamente. Difícil esperanza en un país que sigue iluminándose con la débil luz de 40 años de oscurantismo franquista. Somos, sin lugar a dudas, hijos e hijas de la dictadura, sin que las instituciones y pártidos democráticos consigan evitarlo.
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